La Revista Alimentación de El Economista publica el artículo de Alberto Peironcely, Director de Asuntos Regulatorios de ASEDAS, en el que analiza el panorama legislativo que afecta a la distribución alimentaria, con el foco sobre las cinco leyes que tienen mayor impacto. Ver AQUÍ 

En el año 2023 se aprobaron o modificaron 1.140 normas que afectan al comercio en los ámbitos local, autonómico, nacional y europeo. Esto supone una media de 3,1 leyes o reglamentos al día y supone un nuevo repunte sobre el año anterior, cuando se contabilizaron 2,7 normas diarias. Si nos remontamos al año 2019, podemos hacernos una idea de la escalada normativa que el sector de la distribución ha sufrido durante los últimos años. En aquel momento, se registraron 476 desarrollos legislativos, lo que supone 1,3 normas diarias. Curiosa coincidencia la que nos hace ver que, exactamente, la actividad normativa se ha triplicado durante los últimos cuatro años.

Obviamente, esta situación tiene serias consecuencias que afectan directamente a la competitividad empresarial. Las compañías tienen que dedicar una cantidad creciente de recursos a realizar un seguimiento de la normativa y, desgraciadamente, a intentar comprenderla y adaptarla -a veces hasta extremos imposibles- a sus procesos operativos o a sus negocios. En demasiadas ocasiones, la legislación está perdiendo el horizonte de alcanzar los objetivos necesarios y buenos para la sociedad por la imposibilidad técnica de conseguirlos debido a la falta de diálogo con los sectores a los que van destinadas estas normas. También en demasiadas ocasiones, la normativa aplica unas exigencias económicas y fiscales que disparan directamente a la línea de flotación financiera de las empresas, con consecuencias sobre la inversión y el empleo.

Entre el “tsunami normativo” que estamos viviendo, hemos seleccionado cinco ejemplos de textos legislativos que se aprobarán a lo largo de los próximos meses y que impactan especialmente de la distribución alimentaria. Todos ellos nos hablan de la necesidad de regular menos y mejor; además, son un ejemplo de que los objetivos son compartidos, pero que se debería escuchar más a los sectores a la hora de definir cómo alcanzarlos.

Ley 16/2021 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria

Como es sabido, su objetivo es que las relaciones comerciales entre agricultores, industria y distribución sean más justas, transparentes y equilibradas. Añade nuevas prácticas que se consideran abusivas y sanciones, además de regular los contratos entre todos los actores de la cadena, que deberán figurar firmados por ambas partes y reflejar los costes a los que se enfrentan. Además, tendrán que quedar registrados en una plataforma digital centralizada por el Ministerio de Agricultura para fomentar la transparencia comercial.

La necesidad de tener un sector primario fuerte es un interés común a toda la cadena de valor porque la distribución que necesita agricultores capaces de asegurar producciones en calidad y cantidad suficientes para cubrir la demanda. Sin embargo, para que la Ley cumpla el requisito jurídico de “ser justa” debe establecer instrumentos de seguridad jurídica para todos los eslabones -como el conocimiento de los costes de producción reales, entre otros- y considerar que la cadena empieza antes del sector productor -necesidad de invertir en investigación y tecnología- y termina en el consumidor -demanda y desperdicio alimentario-. La fuerte intencionalidad sancionadora no ayuda a construir unas relaciones de confianza en la cadena, además de que puede tener un efecto desequilibrador en el medio plazo. Y, por lo que dicen los agricultores, su efecto no se nota en el campo, a pesar de que, para las empresas de distribución, su aplicación está presentando mayores costes e inseguridad jurídica.

Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular

El principal objetivo de esta Ley es establecer un marco normativo que promueva la gestión sostenible de los residuos y la prevención de la contaminación del suelo con la finalidad de sentar los principios de la economía circular a través de la legislación básica en materia de residuos, así como contribuir a la lucha contra el cambio climático. Entre otros, se establecen objetivos específicos de preparación para la reutilización y reciclado de residuos domésticos y comerciales.

Pero esta legislación impacta de manera significativa en los procesos productivos y en la gestión de residuos de la distribución alimentaria, que sigue ya procedimientos muy avanzados, con amplia trazabilidad y transparencia. Las nuevas obligaciones no solo suponen un enorme coste económico para las empresas -por ejemplo, la hipotética instalación máquinas de recogida de envases reutilizables costaría 150.000 euros por tienda-, sino que no están claros los beneficios medioambientales en un modelo de distribución de alta capilaridad como el español. Los objetivos son comunes y trabajar codo con codo con la cadena y con las administraciones públicas es fundamental para alcanzarlos.

Proyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario

Las empresas de la cadena alimentaria deberán contar con un plan de prevención que permita identificar dónde se producen las pérdidas e implementar medidas para minimizarlas. Un aspecto esencial de la ley es la jerarquía de prioridades. La prioridad máxima será siempre el consumo humano, a través de la donación o redistribución de alimentos, y, cuando no sea posible, se buscarán otros usos como, por ejemplo, mermeladas, piensos o compost. Además, establece medidas de buenas prácticas, como el incentivo del consumo de productos considerados poco estéticos, alimentos de temporada y ecológicos.

La gran mayoría de estas obligaciones están ya implementadas en los procesos de las empresas de distribución alimentaria. Por eso, preocupa que se pueda producir un paso atrás en el régimen fiscal que reste seguridad jurídica y que, por lo tanto, suponga un freno a las donaciones de alimentos que las empresas utilizan como herramienta de prevención del desperdicio, además de ser un instrumento de compromiso social con el entorno.

Proyecto de Ley de movilidad sostenible

La futura ley regulará soluciones innovadoras como el transporte a demanda, los coches compartidos, el uso temporal de vehículos o la regulación básica del vehículo autónomo, y fomentará la digitalización y la promoción de datos abiertos tanto de administraciones, como de gestores de infraestructura y de operadores públicos y privados. Como punto novedoso se incluye la “negociación colectiva verde”. Las empresas, incluidas las del sector público, deberán disponer, en el plazo de 24 meses desde la entrada en vigor de la ley, de planes de movilidad sostenible al trabajo para aquellos centros de trabajo con más de 500 personas trabajadoras o 250 por turno.

Éste último aspecto suma presión económica y administrativa a los amplios cambios en materia laboral que se están produciendo. Cabe resaltar que el formato de distribución comercial representado por el supermercado fomenta por su propia idiosincrasia la movilidad sostenible. Según el informe “Supermercados y distribución comercial en la movilidad sostenible” del Institut Cerdà, el 43,32 por ciento de los trabajadores de los supermercados acuden en trasporte público a su centro de trabajo, mientras que el 29,83 por ciento usan medios no motorizados. Es decir, el 73 por ciento de los empleados usan medios de transporte sostenibles, fomentando la movilidad limpia.

En lo referente al transporte de mercancías hasta las tiendas, este mismo estudio demuestra que las flotas de camiones pequeños (10 Tm de PMA) supondrían un incremento de las emisiones superior al 55 por ciento; es decir, la movilidad más eficiente es la que usa camiones de más de ese peso porque permite optimizar los trayectos.

Proyecto de Ley de Servicios de Atención a la Clientela

Mediante esta norma se pretende garantizar el derecho de los ciudadanos a recibir una atención de calidad, personalizada y accesible, siendo uno de sus objetivos reducir los tiempos de espera que las empresas ofrecen a las personas consumidoras cuando solicitan información o realizan reclamaciones. Entre los puntos más destacados obligará a las empresas a garantizar que el 95 por ciento de las llamadas telefónicas que reciban de sus clientes sean atendidas, de media, en un plazo inferior a 3 minutos. Además, prohíbe que a las empresas que atiendan a estas llamadas de forma exclusiva a través de contestadores automáticos.  Por último, se obliga a las empresas a tener que facilitar una clave identificativa de cualquier consulta y su correspondiente justificante que permita de esta manera la constancia del contenido, la fecha y la hora de su recepción por el destinatario.

Con 16 millones de personas que pasan cada día por los supermercados españoles, las empresas están ya realizando una apuesta muy importante con estos servicios a través del uso de las nuevas tecnologías, con el objetivo de mejorar la relación con los clientes con una comunicación que les resulte más fluida y sencilla, dentro de los estándares de calidad que este proyecto quiere garantizar.

En consecuencia, el reto debería ser conectar el uso actual y futuro de las nuevas tecnologías con las particularidades a las que se enfrentan en su día a día los más de medio millón de comercios minoristas en España, evitando costes innecesarios a las empresas y maximizando la eficacia de los recursos que éstas ya tienen a disposición de sus clientes. La emisión de la clave identificativa supondría, por tanto, un nuevo coste adicional en materia de gestión y personal para el sector de la distribución alimentaria que viene a añadir un nuevo gasto innecesario para el sector.

Estos y otros muchos ejemplos significativos nos permiten afirmar que el coste regulatorio es creciente para la distribución y que los objetivos -que en buena medida comparte el sector- no se persiguen de la forma más eficiente, sino que, a veces, provocan serios problemas para las empresas que podrían evitarse sí se les escuchara antes.