Las principales organizaciones de la cadena de valor del gran consumo han reclamado hoy al Gobierno una mayor armonización con la UE de la regulación medioambiental.  En particular, los principales actores del sector observan con preocupación los altos costes y los problemas de unidad de mercado que generan las discrepancias entre la normativa nacional y europea de envases y residuos de envases. Por ello, reivindican un marco regulatorio bien orientado, basado en estudios técnicos y que facilite la adaptación de las empresas al proceso de transición sostenible con el que toda la cadena de valor del gran consumo está comprometida.

Durante un desayuno informativo celebrado hoy en Madrid, José Mª Bonmatí -director general de AECOC-, Matilde García Duarte -presidenta de ANGED-, Ignacio García Magarzo -director general de ASEDAS-, y Mauricio García de Quevedo -director general de FIAB-, han evidenciado la necesidad de lograr una compatibilidad entre sostenibilidad ambiental y desarrollo económico, a  fin de asegurar que las normativas no supongan costes injustificados para las empresas y acaben por reducir su competitividad frente al resto de economías europeas. El acto también ha contado con la participación de Irene Zafra -secretaria general de la Asociación de Aguas Minerales de España (ANEABE), Beatriz Blasco -directora general de la Asociación de Bebidas Refrescantes (ANFABRA), Jacobo Olalla – director general de Cerveceros de España- y el respaldo de ACES.

José Mª Bonmatí ha destacado durante su intervención que “es clave homogeneizar y acompasar las normativas comunitarias con las de los Estados Miembros para no perder competitividad dependiendo del país en el que los operadores están ubicados; facilitando además la libre circulación de personas, capitales y, sobre todo, de mercancías.

Lamentablemente, hay ocasiones en que esta armonización no se produce, con el consiguiente impacto negativo para el colectivo empresarial”. Además, según sus palabras, “la falta de diálogo fluido con algunas administraciones impide a las organizaciones trasladar directamente las implicaciones de las normas y la dimensión del problema que tenemos entre manos.”

Uno de los casos que evidencia esta falta de alineación entre la Unión Europea y el Gobierno de España es el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases español, una nueva disposición que no ha tenido en cuenta ni el calendario ni algunas de las consideraciones del Reglamento Europeo que, el Parlamento comunitario, aprobó el pasado 24 de abril. En este caso, hay discrepancias claras en dos ámbitos fundamentales: la reutilización de los envases y el marcado y etiquetado de los mismos.

“En materia de reutilización, el Real Decreto español obliga a que los establecimientos minoristas de alimentación tengan, en función de su superficie comercial, un determinado número de referencias de bebidas en envases reutilizables a partir del 1 de enero de 2025, mientras que el Reglamento europeo no impone objetivos vinculantes hasta 2030. El impacto de esta medida no se ha medido por los Ministerios competentes, a pesar de nuestras advertencias. Hay que tener en cuenta que el comercio en España es muy diferente al del resto de Europa y también la manera de consumo. Hemos pedido que se tenga en cuenta al comercio de proximidad y el formato tan intensivo que se tiene aquí. Además, no existe la infraestructura para acometer una revolución de tan gran calado para las tiendas y la logística, si se quiere hacer correctamente.  Hoy en día, no es obligatorio para todas las tiendas en ningún país de Europa”, ha advertido Ignacio García Magarzo, director general de ASEDAS.

La adopción de esta nueva medida supone todo un reto para toda la cadena debido a los actuales modelos de producción, comercialización y suministro. Actualmente, los sistemas de reutilización de envases domésticos en el retail no existen y, para ponerlos en marcha, es necesario desarrollar una nueva industria, con nuevas infraestructuras y nuevos procesos logísticos vinculados a importantes cambios en el sector. Como resultado, las empresas tendrán que hacer inversiones millonarias para adaptar sus líneas de producción y envasado a los envases reutilizables, todo ello en un contexto de cambio climático y crisis hídrica (el lavado y acondicionado de los envases reutilizables requiere grandes cantidades de agua).

“Como parte de esta disposición, el comercio tiene que adaptar sus establecimientos y su logística para recoger los envases reutilizables que les devuelvan los clientes, los hayan vendido ellos o no, y sean del operador que sean. Esto, con el actual modelo comercial, es imposible de gestionar. Además, la medida no cuenta con un estudio de impacto ambiental y económico que determine en qué condiciones el uso de envases reutilizables retornables es mejor que el sistema actual. Por otro lado, estamos dando por supuesto que el consumidor se va a adaptar al nuevo modelo, pero los cambios en los hábitos de consumo son lentos y no siempre sencillos, ha compartido Ignacio García Magarzo, director general de ASEDAS.

Con respecto al marcado y etiquetado de envases de alimentación y bebidas, Mauricio García de Quevedo, director general de FIAB, ha advertido que “el Real Decreto español establece una serie de consideraciones obligatorias, voluntarias y prohibiciones, de entre las que destaca la obligación de que los envases domésticos indiquen en qué contenedor deben depositarse los residuos de los envases. Esta nueva consideración será obligatoria a partir del 1 de enero de 2025, a pesar de que el Reglamento europeo marca un calendario más amplio”.

“Por otro lado, mientras España no permite el uso de medios electrónicos para informar al consumidor, el Reglamento europeo deja la puerta abierta a que esta información se facilite a través de un código QR. En nuestra opinión, la opción del QR permitiría mejorar la recogida separada de los envases y evitaría el elevado impacto económico y medioambiental para los sectores de envasado.”, ha declarado el director general de FIAB.

Además, la nueva ley también obliga a identificar y marcar los envases que sean reutilizables, una obligación que aplica a botellas, barriles, tanquetas, cajas, palets y otros envases, muchos de ellos empleados en circuitos cerrados, que actualmente no incluyen este marcaje. Mientras tanto, el Reglamento europeo de envases aprobará un marcado armonizado distinto al desarrollado en España, lo que comportará que en territorio nacional se tenga que hacer una inversión adicional de considerable impacto económico y medioambiental. El marcado de estos envases sería irreversible y no se adaptaría a las nuevas obligaciones de la UE,  pudiendo en algunos incluso llegar a inutilizar el envase».

Por su parte, la presidenta de ANGED, Matilde García Duarte, ha recordado que, según datos de Eurocommerce, en la próxima legislatura europea se van a abordar, en el ámbito comunitario, alrededor de 600 regulaciones relacionadas con la sostenibilidad y que afectan a las empresas.  

“La Unión Europea y los estados miembros tienen una gran capacidad normativa que debería contribuir a la mejora de la competitividad de la UE frente a otros mercados. Sólo mejorando la productividad de las empresas podemos garantizar un crecimiento sano de nuestra economía a largo plazo, capaz de crear mejores empleos y proporcionar el máximo nivel de bienestar a sus ciudadanos. Sin embargo, el exceso de regulación y la fragmentación del mercado generan unos altos costes para las empresas”, ha señalado la presidenta de ANGED.

En este sentido, García Duarte cree que “es más necesario que nunca adaptar la regulación a la realidad de las empresas, crear un marco estable y seguro, coordinado entre Administraciones y con unos plazos de adaptación razonables”.

En definitiva, todas las asociaciones representadas en el desayuno informativo han compartido su objetivo común para impulsar un entorno normativo que no reste competitividad y que contribuya al crecimiento económico y social de nuestro país y al bienestar de la ciudadanía. Por ello, las principales organizaciones de la cadena de valor del gran consumo consideran imprescindible que se tenga en cuenta la voz del sector antes de implementar las medidas analizadas durante la jornada informativa.