Ignacio García Magarzo, director general de ASEDAS, escribe en Revista Aral sobre las diferentes situaciones por las que ha atravesado la distribución alimentaria en los últimos años y hace un llamamiento al legislador para regular mejor a través del diálogo y la escucha activa y garantizar, así, la competitividad y el crecimiento sostenibles. Puedes ver AQUÍ el artículo completo.

Los últimos cuatro años han sido atípicos para la distribución alimentaria. El periodo 2020/2021 estuvo marcado por la pandemia, con un alza del consumo en el hogar en un entorno de inflación contenida. Durante el binomio 2022/2023 sufrimos la crisis inflacionista , que desencadenó un incremento de los costes y derivó en un descenso del volumen de consumo. En este contexto, las empresas de distribución alimentaria hicieron un gran esfuerzo de contención de precios ajustando márgenes, así como de aplicación de estrategias para incrementar la eficiencia y frenar costes operativos. La gran pregunta al inicio de ese año era la siguiente: ¿será el año 2024 el de la recuperación de márgenes empresariales? Teniendo cuidado en no confundir facturación con beneficios, el análisis debe contemplarse a dos o tres años vista; en especial teniendo en cuenta las tensiones geopolíticas, climáticas y legislativas que planean sobre el sector.

Durante los meses pasados, los precios de los alimentos en origen en España han experimentado una moderación, pero siguen por encima de los niveles registrados en enero de 2021, con un aumento del 70% en productos agrícolas y del 54% en productos animales, según el estudio de PWC para AECOC. Afortunadamente, el esfuerzo conjunto y la estabilización de algunos de los precios de las materias primas han conseguido que, en el mes de junio de 2024, se registraran los precios de la alimentación al consumo más bajos desde noviembre de 2021. Una noticia beneficiosa para todos, que vino acompañada por el anuncio de la prórroga del IVA en algunos alimentos básicos durante al menos unos meses más.

A pesar de ello, no cabe obviar que la cadena agroalimentaria soporta aún costes crecientes. Un buen ejemplo es el Impuesto sobre Plásticos de un Solo Uso, que entró el vigor el mismo día de la reducción del IVA en algunos alimentos básicos y que sólo se aplica en España. El coste de la regulación medioambiental sobre la cadena de gran consumo es un lastre muy difícil de absorber en las cuentas de las empresas y la pretensión de adelantar en nuestro país en algunas materias el calendario de los objetivos establecidos por la Unión Europea, impacta de manera radical en la competitividad empresarial; especialmente cuando no se dispone de la tecnología necesaria para cumplir la norma, ni de estudios de impacto económico, medioambiental y social que nos digan si ésta cumpliría realmente los objetivos perseguidos -como es el caso de las obligaciones de puntos de recarga a vehículos eléctricos o los envases reutilizables.

El paquete legislativo medioambiental de la UE -que tanto inquieta en sectores como el agrario- no es el único que afecta al conjunto de la cadena de valor. Las obligaciones de reporte de información no financiera y la legislación sobre diligencia debida es una caja de pandora que aún no hemos terminado de abrir y que también supondrá costes ingentes. Además, -y esto es muy preocupante para las empresas españolas- la situación del mercado laboral puede poner, a medio plazo, en jaque la sostenibilidad empresarial. El absentismo creciente -motivado por un sistema sanitario saturado, que alarga la recuperación de la salud de miles de trabajadores- y una legislación laboral que supone grandes costes son otros aspectos críticos. Y, lo que es igual de grave, distrae -tanto a las empresas como a las administraciones- de otros problemas gravísimos en materia laboral, como el envejecimiento de la masa laboral y la falta de personal cualificado capaz de afrontar las transiciones tecnológica y medioambiental que han comenzado ya.

Ante esta situación, la legislación debería ser un garante de la seguridad jurídica necesaria para el desarrollo, no un problema para aquellos que deben aplicar las leyes, y esto es algo a tener en cuenta en un sector que responde a la necesidad básica de llevar alimentación a las casas de los consumidores. Diálogo, consenso, escucha activa… son valores que ayudan a regular mejor y a garantizar de que las normas ofrezcan seguridad jurídica, estabilidad y crecimiento. ¿Podremos decir al finalizar el año 2024 que éste ha sido el año del debate constructivo sobre la regulación? Lamentablemente, creo que no.

Aún está por ver si la crisis de costes está dando sus últimos coletazos o si aún puede escribir un nuevo capítulo, pero la visión de futuro de los supermercados pasa por seguir profundizando en las principales características que permiten dar servicio al consumidor: proximidad y capilaridad para llegar a todos los consumidores vivan donde vivan, surtido seguro, variado y a precios competitivos y servicio para atender las necesidades de una sociedad en continuo cambio. Ocurra lo que ocurra, ése es el compromiso social de las empresas de la distribución alimentaria, como han demostrado a lo largo de los últimos años.