Consumidores y comercio, hacia el interés común de la sostenibilidad y la competencia
/
«Los consumidores exigen, con toda razón, productos de alta calidad, producidos de manera sostenible, que incorporen la tecnología más reciente y que se entreguen donde y cuando ellos quieran. Todo ello también a un precio razonable y justo. La cadena de suministro está sometida a una presión cada vez mayor para aumentar los precios de los alimentos, y los minoristas y mayoristas deben poder seguir ayudando al poder adquisitivo de las familias -un número considerable de las cuales sufren o corren el riesgo de caer en la pobreza- a comprar alimentos de calidad y producidos de manera sostenible«. Estas palabras corresponden al director general de EuroCommerce, Christian Verschueren, quien las pronunció en la Cumbre Europea del Consumidor celebrada a finales de enero.
Una de las exigencias claras de los consumidores es la demanda de productos sostenibles. Por lo tanto, el Green Deal europeo puede suponer una oportunidad si la totalidad de la cadena de suministro consigue integrar el principio de sostenibilidad y la economía circular en sus modelos de negocio.
En todo ello, en un mercado único que, para que funcione correctamente, no debe estar fragmentado por empresas o gobiernos, y que requiere una aplicación reforzada del derecho de la competencia como pieza angular de la capacidad del sector para seguir ofreciendo un buen valor y servicio. De ahí, el llamamiento a trabajar en estrecha colaboración con las organizaciones de consumidores para proteger la elección y el poder adquisitivo de éstos.
Verschueren habló de la importante transformación que está experimentando la distribución. Mientras que el comercio electrónico beneficia la capacidad de elección de los consumidores y a un mejor acceso a la información, también plantea riesgos relacionados, entre otros, con la protección de datos. En este marco, la aplicación de las normas de la UE en todo el mercado único, ayudada también por el Reglamento de Cooperación en Materia de Protección del Consumidor (CPC), que entró en vigor en enero de este año, ha sido vital para que el sector pueda ofrecer a los consumidores productos seguros y a precios competitivos.