La revista Retail Actual publica un artículo de Felipe Medina, secretario general técnico de ASEDAS, en el que reflexiona sobre la frivolidad y falta de rigor con que, en ocasiones, se aborda en los medios de comunicación la formación de precios en la cadena agroalimentaria. Se puede ver la versión original AQUÍ

El gran Joaquín Prat presentó a finales de la década de los 80 uno de los concursos más exitosos de la televisión: El Precio Justo (que se ha mantenido en diferentes cadenas y con éxito variable hasta el año 2021). Los participantes debían decir cual creían que era “el precio justo” de productos muy dispares. Por “precio justo” se entendía en el show televisivo el precio más cercano al de venta, pero era curioso comprobar las percepciones dispares -en ocasiones muy alejadas de la realidad- de las personas sobre el valor de los objetos que se les presentaban.

Mucho se habla -y en demasiadas ocasiones sin criterios técnicos- sobre la formación de los precios de las frutas y hortalizas en España. Explicar cuál es “el precio justo” -entendiendo el adjetivo tanto en su acepción de “justicia” como de “exactitud”- de un tomate, de una sandía o de un aguacate es, probablemente, el mayor reto en materia de comunicación al que se enfrenta la cadena alimentaria y, en especial, la distribución. Sería curioso poner al consumidor ante el reto de calcular el precio de los productos agrarios, al grito de “a jugar” que popularizó Joaquín Prat seguro que las respuestas serían sorprendentes y variopintas.

Pero la labor de explicar los precios de los productos agrarios -en definitiva, de las “cosas de comer”- no es un juego y no debe realizarse desde la frivolidad, la manipulación o los intereses particulares. En este sentido, es muy positiva la intención del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de actualizar más frecuentemente los informes del Observatorio de Precios y de hacerlos más accesibles y fácilmente comprensibles para los medios de comunicación y para el consumidor. Observando los que están disponibles en la actualidad, se aprecia fácilmente como los precios en origen se corresponden con los precios de venta. Es decir, cuando los precios en origen bajan, los precios de venta bajan; cuando los primeros suben, los segundos también.

¿Cómo explicar los diferenciales que existen entre el precio de origen y el precio de venta al público? ¿Se puede decir al consumidor, simplemente, usted paga 5€ por un kilo de tomates y el agricultor ha recibido solo 1, es decir, ha pagado usted un 500% más? ¿Se le está dando al consumidor una información completa o sesgada? ¿La formación de precios en la cadena solo tiene dos referencias: la primera y la última?

Todas estas preguntas son la base de una desinformación que tiene el efecto pernicioso de minar la confianza del consumidor en la totalidad de la cadena puesto que se da por hecho que “alguien” se aprovecha (a menudo “intermediarios” sin nombre). Cuando lo que deberíamos es ser capaces, entre todos, de explicar que desde que los productos se recogen en el campo hasta que llegan al lineal de un supermercado pasan muchas cosas que aportan valor a ese producto. “Cosas” que suceden gracias al encomiable trabajo de más de 1,2 millones de personas en España.

¿Qué cosas son éstas? Transformación y manipulación -en las cooperativas o la industria-; almacenamiento -cadena del frío, logística…-; transporte -acceso a la última milla y también a mercados globales (recordamos que España exporta más del 80 por ciento de muchas de sus producciones agrarias, especialmente las de frutas y hortalizas)-; distribución, que garantiza que en nuestro país no haya desiertos alimentarios y la accesibilidad a todo tipo de consumidor de una alimentación completa y variada… En todos estos eslabones o pasos hay muchas personas que trabajan, porque la cadena alimentaria en España es una de las grandes creadoras de empleo, y hay también mucha innovación e investigación porque tenemos una de las cadenas más eficientes del mundo al servicio de los consumidores, y un altísimo grado de competencia. Por supuesto, este ecosistema está soportado por miles de empresas que contribuyen al PIB español con sus impuestos.

¿Cuál es “el precio justo” de un producto agrario cuando tenemos en cuenta todo esto? Puede haber muchas opiniones al respecto, pero una cosa es cierta: todos y cada uno de estos eslabones -incluyendo por supuesto al agricultor- hacen un inmenso esfuerzo sobre sus márgenes para que el consumidor disfrute en España de precios de alimentación competitivos, hasta 5 puntos por debajo de la media europea. El gran reto que, entre todos, tenemos por delante es poner en valor y transmitir al consumidor la excelencia de los productos que encuentra en los lineales, el trabajo que hay detrás de ellos y la singularidad de la red de distribución que permite llevarlos a sus casas. Además, hemos de ser conscientes de la necesidad de defender los logros alcanzados entre todos durante décadas de trabajo, porque estos pueden perderse con facilidad.

El compromiso de la distribución alimentaria en España con esas frutas y hortalizas que salen de nuestros campos es firme, alcanzando los de origen nacional más del 90 por ciento de los que se encuentran en los lineales. Esto responde a una demanda del consumidor -que aprecia los productos de proximidad por un compromiso con el territorio; y, sobre todo, por la calidad y sabor que ofrecen-.

Por lo tanto, perdernos en debates inútiles nos hace desviar el foco de lo realmente importante: la necesidad de unión de la cadena ante problemas graves como la posible pérdida de competitividad derivada de una burocracia aplastante y de una legislación inflexible y muy costosa para todos, especialmente en materia medioambiental y laboral. Desde la distribución alimentaria estamos convencidos de la importancia de nuestro papel para seguir sirviendo de palanca de desarrollo de nuestro sector productor para mejorar su competitividad dentro y fuera de nuestras fronteras, pero los debates sobre el precio justo de los productos han de ser sensatos y alejados de la idea de que generando desconfianza en los consumidores sobre el trabajo que hacemos vamos por el buen camino.

En definitiva, tratar la cuestión de los precios de los productos agrarios sin rigor perjudica la imagen de la totalidad de la cadena agroalimentaria y hace perder confianza al consumidor, que puede sentirse engañado con un asunto, el de “las cosas del comer”, en el que no caben las frivolidades… como si fuera un concurso de televisión.